Antes del arresto de Duterte, las familias de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales habían expresado su preocupación sobre que no obtendrían justicia en Filipinas.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue arrestado este martes en el aeropuerto internacional de Manila después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden en la que se le acusa de crímenes de lesa humanidad en el marco de su llamada guerra contra las drogas.

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Duterte fue detenido tras pasar unos días de vacaciones en Hong Kong. El exmandatario se encuentra bajo custodia y se someterá a la documentación en la sede nacional de la Policía Nacional Filipina (PNP), dijo la oficina del presidente Ferdinand Marcos en un comunicado.

El exmandatario filipino fue notificado por el Fiscal General del país asiático quien presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, siendo Duterte escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto.

Según el comunicado de la oficina presidencial, Rodrigo Duterte goza de buena salud y fue examinado por un equipo médico tras ser detenido.

El arresto del expresidente filipino provocó una conmoción en el aeropuerto, donde los abogados y asistentes de Duterte protestaron su detención.

La detención y caída de Duterte sorprendió y conmocionó a las familias de las víctimas de su ofensiva contra las drogas ilegales.

Esta condena fue una de al menos tres, hasta el momento, contra agentes del orden involucrados en la campaña antidrogas del exmandatario.

Antes del arresto y la orden de la CPI las familias de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales habían expresado su preocupación sobre que no obtendrían justicia en Filipinas.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró al país insular del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.

El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas entre 2016 y 2022, en la que murieron alrededor de 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.

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